Hace más de 20 años el doctor Adolfo Chávez llamó al gobierno a actuar para detener la catástrofe que él preveía ocurriría en la salud de los mexicanos con el deterioro de los hábitos alimentarios que ya se observaban y que tendían a agudizarse. Se permitió el deterioro alimentario, uno de los más graves del mundo: el sobrepeso y la obesidad aumentaron sin control; la diabetes pasó a ser la causa número uno de mortalidad, amputaciones y ceguera; el sistema de salud se declaró en imposibilidad financiera de cubrir los daños de esta epidemia, en especial, la deficiencia renal.
El esfuerzo por transformar el medio ambiente que ha generado esta epidemia ha sido opacado por los intereses empresariales, la autoridad ha cedido a su interpretación: la obesidad es un asunto de malas decisiones individuales no es resultado del entorno, nada tiene que ver la publicidad, los etiquetados engañosos, la calidad de sus productos, su presencia en las escuelas, etc. Cuando se ha implementado la regulación parcial de la venta de alimentos y bebidas en las escuelas, cuando se ha hablado de regular la publicidad que dirigen a los niños, cuando se ha propuesto un etiquetado frontal en sus productos que dé información veraz a los consumidores: las empresas responden que ellas pueden autorregularse, que el Estado está pretendiendo exceder sus facultades, dibujan una catástrofe económica (crisis financiera, despidos de trabajadores), etc. Sus aliados en el Congreso y el ejecutivo los defienden, bloquean las regulaciones, argumentan con sus palabras, repiten sus discursos.
Sin embargo, la situación ha cambiado: sus argumentos han recibido un serio revés de las máximas instituciones académicas del país. No es que faltaran argumentos científicos para rebatir a las empresas refresqueras que afirman que el consumo de sus bebidas no tenía relación con la obesidad y la diabetes, a los productores de comida chatarra que sostienen que la publicidad que dirigen a la infancia no genera daños en sus hábitos alimentarios y que sus etiquetados no engañan, al contrario, brindan mayor información a los consumidores. La evidencia científica es suficiente para rebatirlos, sin embargo, faltaba un pronunciamiento abierto del mundo académico de nuestro país para que el debate no se quedara entre la industria, organizaciones sociales y un grupo de académicos.
El 30 de enero pasado fue presentado por el rector de la UNAM, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el director del Instituto Nacional de Salud Pública, el director del Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán y los presidentes de las academias mexicanas de cirugía y pediatría el documento: “Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”. En este documento participó un grupo interdisciplinario de 41 expertos de 17 instituciones académicas del país. El documento es claro en señalar lo que la industria no ha querido reconocer:
– La autorregulación empresarial no cumple con proteger el derecho de la población a la salud y mantiene prácticas que representan una amenaza para la salud.
– Es necesario regular la publicidad de alimentos y bebidas que se dirige a la infancia, la autorregulación de esta publicidad no cumple con los mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
– Es necesario establecer etiquetados frontales que orienten la elección de alimentos saludables, el etiquetado que las empresas han desarrollado, declara el documento, es engañoso.
– Deben instalarse bebederos de agua en todas las escuelas del país y en espacios públicos.
– Deben desarrollarse instrumentos fiscales para favorecer el consumo de alimentos saludables y desincentivar el consumo de comida chatarra y refrescos.
Las recomendaciones de las instituciones académicas son numerosas e incluyen las que hemos venido presentando desde hace más de seis años y que la industria ha combatido. Estas recomendaciones de las máximas instituciones académicas del país debemos contrastarlas con las declaraciones del Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, la Asociación de productores de bebidas carbonatadas (Coca y Pepsico), etc. Mientras estas asociaciones empresariales y las empresas que las conforman han venido argumentado en contra de las regulaciones, incluso, declarándolas de anticonstitucionales, la academia expone estas políticas como básicas para garantizar el derecho a la salud de la población mexicana.
La pregunta que nos queda es si el gobierno de Enrique Peña Nieto y la Secretaría de Salud de la doctora Mercedes Juan continuarán con el enfoque empresarial de que la obesidad es un asunto que depende esencialmente de las decisiones personales y que no es el ambiente el principal determinante, o atenderán las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, aprenderán de experiencias en otros países y escucharan a la academia de nuestro país.
La evidencia internacional es clara en señalar que sólo a través de la modificación de los entornos obesigénicos es posible combatir esta epidemia y recuperar la salud alimentaria.
